Procuraduría General de la República “Ministerio Público Independiente” vulnera y maltrata a sus propios miembros

DISTINGUIDOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y CON USTEDES A TODA LA AUDIENCIA NACIONAL.
Para nadie es un secreto de la honorabilidad y la seriedad de la actual
Procuradora General de la República, Mag. Miriam German Brito, sin
embargo ante la situación que hoy a traviesan más de 137 Abogados en
Función de Ministerio Público en toda la geografía nacional a todas luces ha
sido sorprendida en su buena fe producto de una lucha de intereses que
hasta el día de hoy se está librando a lo interno de la Procuraduría General
de la República y ha desatado toda una cacería de brujas por la satanización
de la designación de estos profesionales que tienen en la función entre 5 y
20 años ejerciendo como representantes del Ministerio Público.
Hasta hoy habíamos permanecido en silencio total, asumiendo una actitud
de conciliación en un rol de preservar la institucionalidad del Ministerio
Público “independiente” como han sido los deseos del Presidente de la
República, Lic. Luis Abinader Corona, quien hasta el momento ha mantenido
su palabra y no ha hecho ningún tipo de intromisión en los asuntos que
tienen que ver con este órgano constitucional.
En esta ocasión queremos hacerle un llamado de auxilio al Primer
Mandatario del Estado para que en esta ocasión haga una excepción para
que la Procuraduría General de la República “Ministerio Público
Independiente” no vulnere y maltrate a sus propios miembros, pues
con esta acción pierde credibilidad ante la sociedad al no respetar la
Constitución, las Leyes y los Reglamentos que rigen a este órgano en
detrimento de sus propios servidores públicos.-
Señoras y Señores este grupo de Abogados en función de Fiscalizadores
encabezados por el Lic. Juan Bautista Ramírez Pimentel, Licda. Juana
Cabrera, nos han apoderado para que asumamos su defensa ante el TSA en
virtud de que la PGR y el Consejo Superior del Ministerio Público, ha emitido
una RESOLUCION que los INHABILITA Y/O DEGRADA DE LA FUNCION y lo
han hecho LEVANTANDO FALSOS RUMORES Y FALSOS ALEGATOS que
pueden poner en PELIGRO LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA NACION, ya que
de materializarse dicha INHABILITACION basado en esta invectiva SE
ESTARIAN LLEVANDO A LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA MILES Y
MILES DE DEMANDAS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRA EL
ESTADO DOMINICANO, HABRIA QUE OTORGARLE LA LIBERTAD A MILES
DE CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO CONDENA EN LOS
CENTROS PENITENCIARIOS ANTE LOS MILES DE RECURSOS DE REVISION
QUE FACULTA LA LEY Y UNA SERIE DE RECLAMACIONES QUE PODRIAN
SUBVERTIR TODO EL ORDEN CONSTITUCIONAL, EL ORDEN LEGAL Y LA
PAZ SOCIAL QUE CONOCEMOS HOY DÍA.
La satanización de los abogados en función de Ministerio Público de que NO
SON DE CARRERA Y POR LO TANTO NO PERTENECEN AL MINISTERIO
PUBLICO, QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA QUE EMITIO
ESOS AUTOS DE DESIGNACION NO ESTABA FACULTADO PARA HACERLO Y
QUE ESOS AUTOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS DESDE EL AÑO 2011, son
cuestiones que no resisten el más mínimo análisis jurídico, toda vez de que
EL SIMPLE HECHO DE PLANTEARLOS RESULTA ABRUMADOR Y
PERTURBADOR PARA EL INTERES SOCIAL, se está queriendo decir que
CIENTOS DE PERSONAS QUE EJERCIAN LA FUNCION DE MINISTERIO
PUBLICO NO TENIAN CALIDAD PARA HACERLO?
Como puede la PGR desconocer la Constitución de la República, su propia ley
orgánica y los reglamentos de la carrera del Ministerio Público? Estos
abogados en funciones de fiscalizadores en su mayoría fueron designados
durante las gestiones de los Ex – Procuradores Generales de la República, Dr.
Radhamés Peña y Lic. Francisco Dominguez Brito.
Vamos a poner un ejemplo de uno de los abogados en función que ha
apoderado al TSA : Su designación fue realizada conforme sustento legal y
base normativa (Ley Orgánica), es decir mediante los tres (3) Autos
otorgados a su favor: 1) AUTO NO.00075, de fecha trece (13) de agosto del
año dos mil diez (2010); emitido por el Dr. Radhames Jiménez Peña,
Procurador General de la República; 2) AUTO NO.00049, de fecha catorce
(14) de agosto del año dos mil doce (2012), otorgado por el Dr. Radhamés
Jiménez Peña, Procurador General de la República, en virtud de las
disposiciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 133-11 Orgánica del
Ministerio Público que establece: “mientras no se emitan los reglamentos
a los que hace referencia la referida ley, el Ministerio Público deberá
regirse por el marco normativo vigente”.
El tercer auto AUTO 00012, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos
mil dieciséis (2016), emitido por el entonces Procurador General de la
República, Lic. Francisco Dominguez Brito, conjuntamente con la
Secretaría General del Ministerio Público, en de las disposiciones contenidas
en el artículo 24 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público, expresa:
“El Procurador General de la República, atendiendo a criterios de
subsidiaridad y estricta necesidad, podrá contratar a profesionales del
derecho para que ejerzan de manera temporal el cargo de Fiscalizador
ante vacantes que deban ser suplidas sin demora”.
La pregunta que se tiene que responder es la siguiente: ¿Tenían los
Procuradores Generales de la República de ese entonces, Dr. Radhamés
Jimeñez Peña y Francisco Domínguez Brito, la facultad legal y
reglamentaria (disposición normativa) para designar a un Abogado de
manera interina como Fiscalizador o por lo tanto ejercer las funciones
de Ministerio Público? La respuesta es afirmativa, y el sustento normativo
y reglamentario lo componen la Ley 78-03 Estatuto del Ministerio
Público, Art. 66, Párrafos I y II; la propia Ley 133-11 Orgánica del
Ministerio Público en las disposiciones transitorias, específicamente el
artículo 109, así como el artículo 24 del Reglamento de Carrera del
Ministerio Público.
En ese mismo sentido el ORDINAL SEGUNDO de la TERCERA RESOLUCION
del Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Superior
del Ministerio Público, celebrada el 15 de diciembre del 2021, que
establece: “SEGUNDO: Reafirmar que ningún otro representante del
Ministerio Público, fiscal o procurador fiscal está facultado para hacer
habilitaciones, de manera unilateral, de abogados como Ministerio Público;
quedando estas competencias reservadas excepcionalmente a este Consejo
del Ministerio Público”; es contraria a la propia Ley Orgánica 133-11, pero
sobre todo es contraria al mismo reglamento de Carrera del Ministerio
Público, específicamente al artículo 24 de dicho reglamento de carrera,
cuando le da la facultad y potestad expresa al Procurador General de la
República para que pueda designar a un profesional del derecho de
manera interina, atendiendo a criterios de subsidiaridad y estricta
necesidad, en ese sentido esta resolución resulta CONTRADICTORIA a su
propia Ley Orgánica y a su reglamento interno, por lo que están limitando y
restringiendo la facultad del constitucional y legal que tiene el Procurador
General de la República.-


Que en el caso de la especie es a la misma Magistrada Miriam Germán
Brito en su condición de Procuradora General de la República, a quien están
confundiendo y ha sido sorprendida en su buena fe, por los demás miembros
del Consejo Superior del Ministerio Público, pues el Consejero o los
Consejeros que llevaron el tema de la INHABILITACION DE LOS ABOGADOS
EN FUNCIONES DE MINISTERIO PUBLICO, le han traído un problema de
carácter institucional a la PGR cuyas consecuencias serán catastróficas para
este órgano constitucional, solo por el capricho de dichos consejeros en
proponer dicha inhabilitación con el único propósito de contratar abogados
amigos y allegados, sin darse cuenta de que están llevando a la PGR a un
despeñadero sin salida, sin menoscabo de los derechos constitucionales y
derechos adquiridos de cientos de personas que han entregado su vida, sus
conocimientos y han aportado un trabajo social sin precedentes en las
diferentes dependencias del Ministerio Público en toda la geografía nacional,
haciendo un trabajo encomiable y digno de admiración, sin tener que
violentar ninguna disposición normativa de orden público ni de carácter
administrativo o disciplinario, realizando su trabajo como si se tratase de un
sacerdocio en favor del Ministerio Público y los usuarios de la República
Dominicana.
En cuanto al período de vigencia de los AUTOS DE DESIGNACION como
Abogado en Función de Fiscalizador no está EXPRESADO de manera
explícita, por lo que habiendo un ejercicio de ponderación de derechos y
aplicando una interpretación de favorabilidad tal y como lo contempla el
artículo 74.4 de la Constitución de la República, debemos hacer la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el órgano que más se ha beneficiado durante todos los
años que estos abogados tienen ejerciendo como Ministerio Público,
realizando miles de procedimientos, instruyendo procesos, enseñando y
preparando a los Fiscales egresados de la Carrera, restringiendo derechos
fundamentales a través de solicitudes de órdenes de arresto, allanamiento
de lugares, formando parte de Departamentos Investigativos, sin poder
ejercer ninguna otra profesión, pero con el mismo pírrico salario de un
empleado mal pagado? ¿Quién es el sujeto más vulnerable de derecho?
¿Puede el Consejo Superior del Ministerio Público suspenderlo o
inhabilitarlo sin reconocerle el trabajo arduo y exhaustivo durante todos
estos años? ¿Qué ocurriría con los miles de procesos y sentencias
condenatorias que se encuentran en los Tribunales de la República donde ha
participado una persona del cual se dice no forma parte del Ministerio
Público por qué su período de vigencia por el cual fue designado se
encuentra ventajosamente vencido según el argumento del Consejero del
Ministerio Público que llevó el tema ante el Consejo Superior del Ministerio
Público? ¿Cuál será la reacción de la opinión pública, toda la comunidad
jurídica y el sistema judicial dominicano ante esta situación de seguridad
jurídica? ¿Es cierto que la itinerancia es la que transforma y convierte al juez
en un verdadero juez y al fiscal en un verdadero fiscal?
Finalmente queremos hacer un llamado a todos los Fiscales Titulares de las
diferentes demarcaciones territoriales del país, de que se ABSTENGAN de
Continuar DEGRADANDO a estos abogados en función de Fiscalizadores, lo
primero es que han sido las mismas autoridades de la PGR quienes han
fijado hasta el 31 de JULIO PARA LA INHABILITACION de estos servidores
públicos, sin embargo muchos de los fiscales titulares abusando del poder e
irrespetando su propias normas internas HAN DESATADO UNA CACERIA DE
BRUJAS Y ESTAN DEGRADANDO a estas personas que no han hecho otra
cosa que entregarse en cuerpo y alma al Ministerio Público y a la sociedad;
demás está decir que SERA UNA DECISION DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPUBLICA como único PODER DEL ESTADO CON LA FACULTAD
CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA APLICAR CONTROL DIFUSO Y CONTROL
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CASO DEL TC y estamos
seguros de que serán respetados y garantizados sus derechos
constitucionales por una decisión justa

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